Organizaciones abordan a organismos internacionales para denunciar violaciones de derechos y crisis humanitaria

19.10.12 - América Latina Natasha Pitts Periodista de Adital Adital Organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de comunicación, investigadores, artistas y personalidades de varias partes de América Latina manifestaron recientemente su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia y en otros países del Continente. Munidos de un documento e informes, hicieron denuncias y reivindicaciones a organismos internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana a los fines de arrojar luz sobre situaciones como los asesinatos en Perú de personas contrarias a los proyectos mineros y la represión en Chile contra los pueblos indígenas Mapuche. La intención del acto fue presionar a los diversos organismos internacionales de Derechos Humanos para que atiendan la grave situación humanitaria que está siendo encubierta por la cobertura mediática masiva de los diálogos de paz, así como mostrar la falta de libertad de expresión, la situación de las comunidades indígenas y el modo en que niños y mujeres son afectados por el conflicto y la violencia estructural instalada. "Las masacres que se vienen cometiendo en el marco de una cultura de violencia incluyen una larga lista de muertos a causa del conflicto armado entre el estado colombiano y su ejército, paramilitares y la guerrilla sindicada como las Farc y el ELN”, acusan. Las organizaciones recuerdan que el conflicto bélico ya causó la destrucción de cientos de viviendas, desplazamientos forzados y asesinatos sistemáticos. Por otro lado, aseguran que la población de ese país continúa sufriendo la imposición de megaproyectos de industrias extractivas y de intereses transnacionales, como empresas mineras y petroleras. Dentro de este contexto, una situación vista con mucha preocupación es la pasividad y la complicidad de organismos internacionales de Derechos Humanos, ya que muchas de sus reacciones han sido posteriores e inadecuadas en cuanto a la ocurrencia de delitos y abusos contra los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida. "Por ello, y señalado muy respetuosamente, solicitamos un rol más activo ante esta realidad y conminamos a una mayor observancia e involucramiento y coordinación con otras instancias para la protección efectiva de los Derechos Humanos en Colombia, así como en otros países donde se continúan atropellando derechos". En relación con Colombia, destacan que la cobertura mediática masiva del diálogo de paz encubre la realidad de violencia y la presencia de actores armados en tierras indígenas, afrodescendientes y campesinos; no deja ver que reservas indígenas siguen militarizadas y que continúan los enfrentamientos entre militares y la guerrilla. Además de los de Colombia, las organizaciones también presentaron casos ocurridos en Guatemala, Honduras, Perú, Argentina y Chile. Sobre Guatemala, denunciaron la política de militarización, represión y criminalización ordenada por el gobierno de Otto Pérez Molina contra las demandas sociales de la población. En especial, destacan la masacre ejecutada por el ejército y la policía el último día 4, cuando ocho indígenas Mayas K’iche’ fueron muertos y cuarenta heridos. En Chile, denuncian la política de represión y violencia contra los Mapuche, que luchan por la reparación de sus tierras ancestrales y la defensa de sus tierras ante proyectos de explotación. En ese país también denuncian la impunidad de agentes policiales que asesinaron a un joven mapuche desarmado. En Argentina, el caso es semejante: denuncian el asesinato del décimo líder indígena en los últimos años en el marco de reclamos por la posesión de tierra y contra los monocultivos. En Perú, activistas indígenas y campesinos también fueron asesinados en el marco de luchas contra la actividad minera. En Honduras, el reclamo es la continuidad del golpe de Estado perpetrado en 2009, situación que reprime la libertad de prensa y deja continuar la violencia estatal contra la población campesina.

‘Vigilante Amazónico’ evalúa acción del Estado en conflictos que involucran indígenas y demanda una verdadera consulta previa

23.10.12 - Perú El pasado viernes (19), Miguel Valderrama, coordinador del Observatorio de Conflictos, también conocido como ‘Vigilante Amazónico’, aclaró a la opinión pública que el acto de instalar mesas en las comunidades para ofrecer informaciones sobre proyectos extractivos en los territorios indígenas no significa que fueron realizadas consultas previas. En nota de Prensa, Valderrama también hizo un balance de la actuación del Estado peruano ante los conflictos de tierra que involucran a los indígenas. El coordinador señala que los conflictos de los últimos tiempos están marcados por el temor de las federaciones indígenas a la actuación del Estado. Por una parte, la población no confía en la palabra de las empresas interesadas en explotar la tierra, y por otra, no se siente protegida por el Estado, expresa Valderrama. No es difícil encontrase en el país, con situaciones como derrames de petróleo, contaminación de ríos, muerte de peces, despale, enfermedades y gran número de concesiones petroleras y mineras en áreas naturales protegidas y en territorios ancestrales de comunidades indígenas, factores que contribuyen al aumento del número e intensidad de los conflictos socio-ambientales en la Amazonía peruana. Aun ante situaciones como éstas, Valderrama asegura que no es posible contar con el apoyo del Estado. El coordinador del Observatorio de Conflictos recuerda que el desastre ambiental provocado por la compañía Pluspetrol en el río Corrientes, en Marañón y en Pastaza, donde las comunidades están prácticamente destruidas y la población contrajo graves enfermedades, pues consumía agua del río, hoy contaminada. Este desastre, asegura, es un buen ejemplo del nivel de depredación al que la actividad extractiva sin control por parte del Estado puede llegar. Para el indígena, la tela de fondo de los conflictos es una confrontación de dos visiones de desarrollo y el no escuchar o desconocer la opinión de las comunidades indígenas cuando se trata de tomar decisiones sobre el destino de sus propios territorios. "El Estado no ha abandonado la posición que tiene hacia las industrias extractivas, sigue pensando que el desarrollo va en esa línea. Por otro lado, a los representantes indígenas no se les suele considerar como sujetos de diálogo, con demandas legítimas, se les suele considerar como enemigos del país”, afirma. Sobre la importancia del proceso – las consultas previas – el coordinador del Vigilante Amazónico hace una advertencia al decir que el acto de instalar mesas en las comunidades para ofrecer informaciones sobre los proyectos extractivos en los territorios indígenas que puedan ser afectados no significa que se hayan realizado consultas. El asegura que los pueblos indígenas solo se van a sentir incluidos, cuando realmente sean incorporados al diálogo. "Se debe incorporar la visión de las comunidades cuando empieza el proceso de ordenamiento territorial. Si no, todo será artificial. Para conocer al Vigilante Amazónico, visite: http://vigilanteamazonico.pe/

Comité de la Verdad de Amazonas denuncia genocidio de pueblo Waimiri-Atroari durante la dictadura

24.10.12 - Brasil Natasha Pitts Adital El último miércoles, el Comité de la Verdad, Memoria y Justicia de Amazonas hizo llegar a las manos del Ministerio Público Federal (MPF) de este estado brasilero y a la Comisión Nacional de la Verdad un informe que cuenta detalladamente las violaciones de derechos y la masacre sufrida por el pueblo indígena Waimiri-Atroari durante la construcción de la BR-174 (Manaus - Boa Vista) en el período de la Dictadura Militar. Egydio Schwade, indigenista y miembro del Comité de la Verdad estadual, explica que su motivación para comenzar a investigar lo que ocurrió con los Waimiri-Atroari se dio porque nunca se hablaba de desaparecidos políticos indígenas. "Quedé intrigado por qué sólo se hablaba de desaparecidos políticos no indígenas. ¿Y los pueblos indígenas que sufrieron genocidio en ese período? Entonces cuando Dilma [Rousseff – presidenta] publicó la Comisión de la Verdad Nacional empecé a levantar la cuestión de los Waimiri-Atroari y fui posteando artículos en el blog. En el 4º artículo fui procesado por el Programa Waimiri-Atroari. En marzo, cuando la Comisión de la Cámara comenzó a forzar la creación de la Comisión de la Verdad ellos empezaron a investigar la cuestión indígena y me llamaron”, explicó la creación del Comité, resaltando que no sólo los Waimiri-Atroari fueron diezmados en ese período. El informe, el primero del Comité de la Verdad, Memoria y Justicia de Amazonas, cuenta con más de 100 documentos anexados y 200 documentos referenciados. La primera parte hace un relevamiento de datos demográficos y muestra cómo los indígenas fueron desapareciendo rápidamente después de la penetración del Ejército en las tierras indígenas Waimiri-Atroari. "En 1968 ellos eran tres mil y en 1973 menos de mil. En 1983 se detectó que ellos sumaban en total sólo 332 personas”, contó. Algunos capítulos están reservados para constataciones demográficas y otros para relatos detallados de los propios indígenas. Egydio explica en ocasión de contar su historia, que los indígenas denunciaron bombardeos, uso de ametralladoras, granadas y asesinatos de otros indígenas, sobre todo hombres, por electrocución. También se relata la verdadera motivación para la construcción de la carretera BR 174, que une Manaus con Boa Vista y atraviesa el territorio Waimiri-Atroari. El indigenista relata que la intención era llegar a minas y fuentes de energía. Como los indígenas se posicionaron contrarios a la obra, se convirtieron en un impedimento y consecuentemente fueron siendo rápidamente eliminados. El documento también analiza el método de pacificación de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de aquella época, considerado represivo. "Nosotros queremos sólo que se cambie la historia de las relaciones de la sociedad con este pueblo. Hoy, continúa la misma política de ocultamiento de los pueblos indígenas y de su historia de lucha y resistencia. Queremos que este pueblo sea escuchado y que sea protegida y garantizada la posesión de sus tierras y territorios de aquí hacia el futuro. Queremos que ellos puedan sentir que la sociedad no está en su contra”, manifestó Egydio Schwade. Esta denuncia fue sólo la primera. El Comité de la Verdad de Amazonas ya está trabajando en la investigación de dos casos de no indígenas amazonenses muertos en el período de la dictadura militar, y en el genocidio de otros pueblos indígenas como los Cinta Larga y los Piriutiti.

Alzan voz mujeres indígenas trabajadoras del hogar

25.10.12 - México Por José Amaro Bautista Presentan libro para conocer y difundir sus derechos México DF, octubre 25 de 2012. Con el objetivo de que las mujeres trabajadoras del hogar conozcan sus derechos y los difundan a sus compañeras, así como hacer del conocimiento general su situación laboral, el Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar (COLMITH) presentó ayer el libro "Memorias del Primer Encuentro de Trabajadoras del Hogar”. En octubre del año pasado, el COLMITH realizó su Primer Encuentro de Trabajadoras del Hogar en el que se retomó el Convenio 189 sobre el trabajo para las trabajadoras y trabajadores domésticos adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 2011. Ahí participaron organizaciones de mujeres de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Cuernavaca para "dialogar y comprender con términos más sencillos lo que decía ese convenio, a favor y en contra de quien hablaba, para que nosotras lo pudiéramos llevar a cabo”, señaló Lorenza Gutiérrez Gómez representante del COLMITH. Durante la presentación realizada como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, la activista indicó que el libro es para que vean y lean la voz de sus compañeras trabajadoras, cómo enfrentan la migración de sus comunidades indígenas, por qué llegan a la ciudad y por qué se emplean en el trabajo el hogar, trabajo que es la primera oportunidad que ellas encuentran en la ciudad. "Nosotras somos vistas como las mujeres que tenemos que servir al otro, las sirvientas, nosotras no somos sirvientas porque nosotras no servimos, nosotras somos mujeres trabajadoras, trabajamos para que nuestra sociedad siga creciendo, trabajamos para aquellas mujeres puedan salir y puedan ir a hacer su trabajo, como senadoras, como académicas; nosotras nos quedamos en sus casas a hacer el quehacer, a cuidar a los niños, a hacer la tarea con ellos”. Gutiérrez Gómez dijo que lo que necesitan es presionar para que el convenio pueda ser ratificado en México, "porque somos más de dos millones de trabajadoras del hogar en México y la gran mayoría estamos en el abandono de la seguridad social; nosotras exigimos ser consideradas como un sector más de trabajadoras en nuestra sociedad, esto implica que debemos de tener todos los derechos reconocidos como los otros trabajadores que tienen todas las prestaciones de ley, porque dentro de la Ley Federal del Trabajo esté considerado el tema de trabajadores domésticos”. Subrayó que "desafortunadamente nuestra sociedad sigue viendo a las mujeres indígenas como las pobrecitas, las que tenemos que servir, las que no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a prepararnos profesionalmente, porque si bien es cierto el trabajo del hogar lo hemos visto como un paso, hoy estamos aquí y mañana podemos estar del otro lado. No lo vean como algo indigno, nosotras no lo vemos así, es un trabajo digno, el que lo hace indigno es el gobierno y la sociedad, que cree que este trabajo lo tenemos que hacer las mujeres, las mujeres indígenas que salimos de nuestras comunidades”. Este libro, el Convenio 189 y otras publicaciones en que ha hecho el COLMITH pueden consultarse en la página y el blog del colectivo: http://www.colmith.org y http://empleadasindigenas.blogspot.mx/

Después de presión nacional y resistencia indígena, gobierno decide respetar y cumplir derechos de los Guaraní-Kaiowá

31.10.12 - Brasil Natasha Pitts Periodista de Adital Adital En la tarde de ayer , la medida cautelar que determinaba la salida de los indios Guaraní-Kaiowá de sus tierras tradicionales, en el municipio de Iguatemí, en Mato Grosso do Sul (centro oeste brasilero), fue suspendida por el Gobierno Federal. La noticia fue dada de primera mano por la ministra de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, María do Rosario, mediante su cuenta en la red social Twitter. La ministra complementó la información. "De acuerdo con esta decisión, ¡los indígenas se quedan donde están! Ahora lucharemos para agilizar el proceso de estudios sobre la demarcación de ese territorio”, celebró María do Rosario, que en el ejercicio de su función de presidente del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) recibió en Brasilia, el lunes, a representantes de la comunidad indígena. En septiembre, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3) decidió que los 170 Guaraní-Kaiowá debían abandonar sus tierras tradicionales, que son codiciadas por hacendados del Estado. A pesar de esto, los indígenas no cumplieron la orden y decidieron permanecer en el lugar, asegurando que no saldrían de una tierra que les pertenecía y decidieron pasar a la acción. La decisión logró repercusión internacional y se hizo pública mediante una carta divulgada por los Guaraní-Kaiowá, donde aseguraban que lucharían hasta el final por las tierras que fueron de sus antepasados. En el documento también se hablaba de muerte colectiva, lo que generó interpretaciones sobre suicidio colectivo, pero fue negado enseguida por los indígenas y por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi). La determinación de luchar para permanecer en la tierra recibió apoyo nacional, inclusive en las redes sociales, donde los/las internautas agregaron a sus nombres el nombre de la etnia como forma de dar visibilidad a la causa. De acuerdo con información de Egon Heck, coordinador del Cimi, las campañas están intensificándose y cobrando visibilidad no sólo en las redes sociales, sino también en las calles con las propuestas de adhesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Comisión de la Amazonia, entre otros. Además, se está organizando una marcha que se realizará en Brasilia, capital federal, en la Explanada de los Ministerios. Además, se están planeando otras varias manifestaciones fuera de Brasil. Egon señala que las acciones se realizarán, fundamentalmente, en las capitales. Los indígenas también están empeñados y en los próximos días líderes Guaraní-Kaiowá van a participar de ruedas de prensa, manifestaciones públicas y en un evento en la Cámara de Diputados. "Todos somos y seremos un poco más Guaraní-Kaiowá, ciudadanos brasileros y ciudadanos del planeta tierra, en la medida en que nuestra conmoción indignada frente a la violencia institucionalizada y muertes anunciadas se transforme en acciones que exijan respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Qué bueno sería si de esta campaña emergiera un país un poco más justo, con el reconocimiento y demarcación de las tierras de los Kaiowá Guaraní y de todos los pueblos indígenas del país”, deseó el indigenista Egon Heck. De acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), los Guaraní-Kaiowá suman 43 mi personas, siendo la segunda mayor etnia del país. A pesar de ello, en los últimos diez años este pueblo ocupó sólo dos mil hectáreas de tierras, período en el cual sólo tres territorios fueron homologados. Audiencia Pública La situación de los 170 Guaraní-Kaiowá de Iguatemí, que todavía no está resuelta, se debatirá mañana (1º) en una audiencia pública en el Senado Federal promovida por la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH) y aprobada al comienzo de esta semana. En la oportunidad, la CDH también aprobó la realización de audiencias relacionadas con los derechos de los trabajadores, el papel de las TVs comunitarias, la protección de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT, sigla en portugués) y la situación del Fondo de Previsión Social de los Portuarios (Portus).

alegatos del recurso de nulidad presentado por la defensa del vocero de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul

Alianza Territorial Mapuche El próximo 8 de noviembre, en la Corte suprema de la justicia chilena en la ciudad de Santiago de Chile, se realizarán los alegatos del recurso de nulidad presentado por la defensa del vocero de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul, hoy en clandestinidad y en constante persecución por las fuerzas de seguridad del régimen de derecha, que es policía militarizada.. Ahora y como siempre, sabemos del apoyo y solidaridad de nuestros hermanos, hermanas y amigos con nuestro werken, para lo cual los invitamos a sumarse a la Campaña Nacional e Internacional por su libertad. Gracias nuevamente, chaltu may. Equipo comunicaciones ATM desde el territorio histórico de nuestra Nación.

En libertad otros dos mapuche que estuvieron en huelga de hambre

3 November, 2012 La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida de prisión preventiva que mantenía encarcelados a Eric Montoya y Rodrigo Montoya, dos de los comuneros de Wente Winkul Mapu que pasaron 2 meses en huelga de hambre. Fuente: paismapuche.org La resolución judicial consideró que no hay pruebas suficientes en el proceso en contra de los dos jóvenes, cambiando la prisión por la medida de arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación para el futuro juicio oral. Los comuneros son acusados por el fiscal Luis Chamorro y la inteligencia de Carabineros de daños calificados y tenencia de arma hechiza en el caso de Eric y un cartucho de caza en el caso de Rodrigo. De los cuatro jóvenes que estaba en huelga de hambre, ahora en la cárcel de Angol sólo queda Daniel Lavinao, quien espera la repetición de juicio oral, como determinara la Corte Suprema, audiencia fijada para el 17 de diciembre. Mientras que Paulino Levipán salió en libertad hace una semana por rebaja de condena. La ocupación violenta de Juan de Dios Fuentes Lo irónico del caso es que el latifundista Juan de Dios Fuentes no presentó certificado de propiedad para poder acreditar los supuestos delitos en su fundo. Algo imposible, pues de las 200 hectáreas de territorio mapuche que ocupa, tiene inscritas a su nombre no más de 100. Sin embargo, el Estado, a través de sus fuerzas militarizadas, custodia las 200, reprimiendo con esa base ilegítima hasta para las propias leyes chilenas, a los mapuche que reclaman su restitución.