Benetton vs. Santa Rosa 'Todavía no caigo de la sorpresa, esto es un escándalo jurídico' Fuente:Puerta E -Oct. 06, 2012 at 1:51 AM Así calificó el abogado de la comunidad Santa Rosa Leleque, Edgardo Manosalva el fallo dictado por la Justicia al desestimar la causa que había iniciado los hermanos Benetton. La fiscalía habría decidido desechar la denuncia contra Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir. Lo que para muchos fue un logro, para Manosalva fue un escándalo. El abogado sostuvo que esta medida deja latente la posibilidad de continuar con la demanda por parte de la multinacional y por ello reclamaban el definitivo sobreseimiento. Los representantes legales de la Compañía Tierras del Sur S.A no se presentaron en la instancia judicial cuya denuncia se remonta a mayo del 2011, generando estados de angustia entre la familia aborigen. El juez Javier Allende declaró abstracta la cuestión al no haber causa, después que el Ministerio Público Fiscal estableciese que no había delito. El grupo Benetton había denunciando la falta de incumplimiento de la medida de no innovar que había establecido la Justicia Civil. La multinacional, que posee más de 900 mil hectáreas en el país, solicitó el desalojo de la familia Curiñanco-Nahuelquir por haber realizado mejoras habitacionales en las instalaciones ubicadas en el lote Santa Rosa y que están en litigio desde el 2007. Las mejoras se realizaron a través de un programa que propuso el propio el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El litigio civil sobre las poco más de 500 hectáreas, está suspendido hasta tanto se realice el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

Pueblo Ranquel: entre la tradición y el progreso

Fuente: El Diario de la República / San Luis -Oct. 07, 2012 El Gobierno provincial les restituyó más de 68 mil hectáreas en el sur. Viven del campo, pero van por más. Para llegar al Pueblo Ranquel hay que enfilar hacia el sur de San Luis. Desde la capital, la Autopista de las Serranías Puntanas nos deposita en la ruta provincial 27, que nace justo en la entrada de Fraga. Hay que fijar la vista en esas casas bajas porque serán las últimas construcciones en la retina hasta que, 150 kilómetros más adelante, un cartel indique que hay que doblar a la derecha y abrir la tranquera que conduce al mundo de una cultura originaria que, hace cinco años por una gestión personal del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, vio reparados sus derechos sobre las tierras que pertenecieron a sus antepasados. El primer contacto con un vocablo indígena se da apenas uno deja Fraga, en una curva bien cerrada a la derecha. Allí hay un cartel que indica que la ruta 27 se llama “Cacique Huenchuil”, quien fue el padre de Yankamil (sobrino del cacique Mariano Rosas), según escritos de época del padre Marcos Donati. Es apenas un anticipo de lo que encontraremos una vez que comencemos a internarnos en las poco más de 68 mil hectáreas que el Gobierno de San Luis les restituyó a los ranqueles a partir de agosto de 2007. A tono con lo que pasa en el resto de San Luis, la entrada a tierra ranquel es una especie de autopista… de tierra. Un camino arenoso, ancho, en el que bien caben dos autos por mano, con un bordo con algo de pasto un poco más alto en el medio. Desde la ruta habíamos divisado el frigorífico en construcción, apenas pasando las tierras de El Caburé, donde inseminan artificialmente caballos de polo. Ya en el predio, asoma el esqueleto de la futura curtiembre. Ambos emprendimientos serán de vital importancia para la economía de la población, que podrá disponer de la matanza propia de los animales que cría y aprovechar sus cueros para trabajarlos y darle valor agregado a la materia prima. Tras un viraje a la izquierda y otro a la derecha, la primera edificación que aparece es la escuela, en un predio de 479 metros cuadrados, que tiene una sección para el Consejo de Loncos, dos aulas y un salón de usos múltiples comunitario. Todas las construcciones del pueblo son de cemento, pero respetan las líneas originales de las viviendas del pueblo originario. En el patio de la escuela, niños y niñas de distintas edades juegan a la pelota. Las chicas no arrugan y le pegan duro a los que pecan de habilidosos. En un mástil flamea una bandera argentina, en otro una de la nación ranquel. Están en recreo tras una jornada en la que jugaron al ajedrez on line. Frente al colegio está el moderno hospital, que también respeta la arquitectura original de los ranqueles. Tiene 567 metros cuadrados con posibilidad de ampliación, divididos en los siguientes sectores: parto, ingreso, administrativo, consultorios, internación (masculina y femenina), y servicios generales. En la puerta descansa una ambulancia que el Ministerio de Salud destinó exclusivamente al pueblo que, vale aclararlo, tiene estatus de municipio y cuenta con un delegado organizador. La recorrida sigue porque el primer objetivo es encontrarnos con Sergio Alcántaro, el secretario de la comunidad, y Juan Benítez, el “Cholo” para todos, delegado organizador y a cargo de la administración. La vida social en la comunidad hoy es apacible, “con los infiernos grandes de cualquier pueblo chico”, asegura el Cholo, quien siempre parece tener una frase a mano para aplicar a las situaciones. “Hay que perderse primero para hacerse baqueano”, recita, dando a entender que aprendieron de sus propios errores: “De entrada vinieron algunos malandras, pero se fueron yendo solos, porque la comunidad reconoció enseguida que no querían trabajar, sino vivir de arriba”, amplía este hombre grandote, de bigote y pelo largo canoso, quien llegó de Juan Jorba, donde trabajaba en el campo. Desde mayo la comunidad dejó “de recibir el aporte económico de la provincia, que era de alrededor de 50 mil pesos. Ahora disfrutan de independencia económica porque aprendieron a manejarse con el ganado, le sacaron mejores rindes a las pasturas y participaron con éxito de ferias donde vendieron sus animales”, cuenta Sebastián Lavandeira, vinculado al programa de las Culturas y las Culturas Originarias, quien calculó junto con los administradores locales que necesitan vender 1.500 terneros por año para mantener el funcionamiento del pueblo, pagar los sueldos, arreglar los alambrados y reinvertir para no perder stock.

La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, reconoció que a los presos políticos mapuche se les están aplicando castigos prohibidos por la ley

La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, reconoció que a los presos políticos mapuche se les están aplicando castigos prohibidos por la ley y los tratados internacionales, mientras que la doctora que los atiende aseguró que los mantienen a oscuras y aislados para quebrantar su posición. Torturas que aplicaría Gendarmería con la anuencia de las autoridades. Familiares y representantes de los mapuche que ya cumplen 53 días en huelga de hambre realizaron una grave denuncia: “están siendo torturados”. Estas prácticas estarían siendo aplicadas por Gendarmería en todos los penales donde se encuentran los presos mapuches en huelga de hambre – Concepción, Lebu, Angol, Valdivia y Temuco- como una forma de presión para que depongan su protesta. La doctora a cargo de la salud de los huelguistas, Berna Castro, confirmó que a los detenidos se los mantiene en la oscuridad y acusa que “se están usando prácticas de la cárcel de Guantánamo para quebrar a los prisioneros, es una forma de tortura, configura un delito de tortura por parte del Estado chileno, hecho por agentes del Estado chileno, en este caso Gendarmería. Y con el conocimiento de los que gobiernan”. La profesional informó que no tener luz de día hace que una persona pierda la noción del tiempo, alterando su cerebro y provocando una serie de cambios hormonales que hacen funcionar mal el resto del organismo. Por su parte, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien en ocasiones anteriores ha denunciado las malas condiciones carcelarias en el país, conversó con Radio Universidad de Chile y reconoció que a los mapuche se les aplican castigos que transgreden los tratados internacionales y las leyes, al tiempo que informó que hace diez días envío a una fiscal a revisar la situación en Temuco. “Los castigos son en celdas de castigo, oscuras, con 23 horas de oscuridad total y sólo una hora de patio, en fin, condiciones con las que hemos luchado para que se terminen porque van en contra de la Convención Contra la Tortura y también en contra de nuestra propia Constitución. De hecho hace unos 10 días atrás mandé a una fiscal a evaluar esta situación, y me dijo que estas personas se encontraban bien…pero fue hace diez días atrás”, señala Maldonado. En tanto, los partidos oficialistas tratan el tema con cuidado. Mientras el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dijo “lamentar esta situación”, y llamó al gobierno a “corregir este disparate que le trastorna la existencia a cualquier persona”, el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, prefirió guardar silencio y criticar los cambios anunciados por el gobierno en la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, algo que a su juicio es “innecesario”. Mientras, los 32 presos políticos exigen “acciones concretas”, y pese a la oferta del Ejecutivo enviar con urgencia al Congreso Nacional dos proyectos de ley para acotar la jurisprudencia de la Justicia Militar y modificar la actual Ley Antiterrorista, no han desistido de la huelga de hambre que se acerca peligrosamente a los dos meses. El Gobierno insiste en el llamado a deponer la huelga y renunciar a la violencia como forma de reivindicación territorial, pero los representantes de los presos indican que “ellos tienen miedo de que no se les cumpla la palabra” y permanecerán a la espera de una mesa de diálogo que revise su situación y un compromiso por escrito que les asegure que se les respetará el debido proceso. Desconfianza que las torturas no hacen más que acrecentar y dar sentido.

Guatemala: Ejército masacra a indígenas en Totonicapán

L@s indígenas protestaban contra el costo de la energía eléctrica de Unión Fenosa, cuando los militares comenzaron a disparar. Al menos 6 muertos y 34 heridos Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo “para la pacificación”, y se prometió derechos “culturales” a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación. Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio. Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros. ¿Por qué el Estado asesina a indígenas en Guatemala? Casi al mismo tiempo que finalizaba el proceso de desarme de las guerrillas en el país, desde la Guatemala profunda emergió una fuerza social sin precedentes del pueblo maya organizado, demandando sus derechos. Esta histórica fuerza social maya ha sido neutralizada por el Estado ladinocéntrico y neoliberal convirtiendo a la dirigencia indígena en funcionarios públicos sin decisión, ni impacto en el Estado. Así, el Estado se mostró al mundo maquillada de “multicultural y pluriétnica”, y desmovilizó a las y los indígenas a nivel nacional. Ante esta estrategia, el movimiento social maya de alcance nacional se recluyó a los niveles locales. Y desde allí, ya sin la presencia de “dirigentes” indígenas como Dña. Rigoberta Menchú, o el partido político indígena Winaq, desafían al Estado excluyente y empobrecedor resistiéndose a ser expulsados o contaminados por proyectos de hidroeléctrica, minería, monocultivos, etc. Los partidos políticos de la derecha, con la finalidad de someter al movimiento indígena, actualmente edulcoran el Congreso Nacional con 20 diputados “indígenas mayas” y 1 de Winaq (en total representan el 13% del Congreso), pero éstos tramitadores serviles que concesionan el país a las transnacionales no tienen legitimidad social en las bases, y éstas se insubordinan aglutinados alrededor de demandas comunes. Otra razón para matar y escarmentar indígenas movilizados es Guatemala es prevenir al país de “malos ejemplos”. El Gobierno de Otto Pérez y la oligarquía criolla saben que las organizaciones indígenas locales que no pudieron desarticularlas en casi dos décadas de “pacificación”, se constituyen, en este momento, en un peligro para el Estado etnofágico y oligárquico. Humanamente es casi imposible contener el viento de la transición hacia estados plurinacionales que sopla desde el Sur, sobre todo, desde Bolivia y Ecuador, impulsado por pueblos indígenas. Habrá que conocer la contrapropuesta que tiene el pueblo maya de los 48 cantones de Totonicapán a la multimillonaria propuesta de reforma constitucional que Otto Pérez impulsa actualmente. ¿Importan los acuerdos y convenios internacionales para el gobierno de Guatemala? Aunque según los datos oficiales del Estado ladinizante, el porcentaje de la población indígena jamás supera el 30% del total de la población del país. Investigadores indígenas independientes, y la realidad social policromática evidencian que alrededor del 60% de la población del país es indígena maya. Más sin embargo, ni tan siquiera está reconocido en la Constitución Política los idiomas nativos como idiomas oficiales. La hipócrita declaración de “pluriétnico y multicultural” (para encubrir el monoculturalismo y negar la posibilidad de la interculturalidad) no es constitucional en Guatemala. En 1995, luego de más de una década de negociaciones, el Gobierno-Ejército y URNG, firmaron el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce derechos culturales a indígenas, pero de los 52 compromisos para implementar aquel acuerdo, sólo se cumplieron alrededor de 7 (COJTÍ, 2010). En 1996 el Estado de Guatemala ratificó el Convenio 169° de la OIT. Gracias a los contenidos de este Convenio organizaciones indígenas locales resisten a las mineras, petroleras, palmeras, etc., mediante consultas populares. Pero el gobierno los manda a matar como si el indígena organizado y consciente fuese enemigo del Estado. En 2007, Guatemala, junto a 133 países, aprobó la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero eso fue sólo para arrancar aplausos en las cumbres internacionales, aparentar de pluralista y multicultural y cosechar el dinero de la cooperación internacional. Existen muchos otros convenios y compromisos internacionales sobre derechos humanos incumplidos por el Estado de Guatemala. Los pueblos indígenas, en el marco de los contenidos del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, presentaron una propuesta de proyecto de Ley Marco sobre Pueblos Indígenas, pero aquella propuesta ha sido archivada porque los tramitadores de las leyes obedecen a los intereses de los patrones y de las empresas multinacionales. En estas condiciones, al pueblo indígena organizado no le queda más que las calles para incorporar sus demandas históricamente postergadas en la agenda nacional. Masacrando indígenas el Estado de Guatemala ya no podrá apagar el insipiente sueño de la plurinacionalidad e interculturalidad emergente desde los sectores excluidos del país. El siglo XXI es y será la afirmación de la reconstitución de las identidades y autodeterminaciones de los pueblos indígenas subyugados por el fracasado modelo monocultural del Estado nación. La población y la élite privilegiada de Guatemala deben entender que este pueblo no nació para pasar a la historia de la humanidad repudiada por la tozudez y obstinación mental y moral de sus (des)gobernantes. Muchos países del mundo, ahora en la oscuridad de la crisis del modelo del sistema-mundo-occidental, quisieran tener la mega diversidad de vidas de Guatemala, para aprender de la diferencia fecunda. Pero no la tienen. Nosotros/as, sí. Optimicemos esta fértil diferencia providencial y atrevámonos a ingresar al siglo XXI con nuestra propia luz intercultural.

pueblo Wayúu:Venezuela

En La Guajira, casi en el límite con Venezuela, una minera avanza sin freno contra el asentamiento Tamaquito II, donde todavía viven 32 familias. Una crónica de la amarga resistencia de un pueblo para conservar sus ritos ancestrales. POR Por John Harold Giraldo Herrera. Especial desde Colombia. - Fotografías: Rodrigo Grajales ARCOS Y FLECHAS. De su herramienta y arma para alimentarse, había pasado a ser un juego pero volverá a ser arma si no los escuchan. En Tamaquito II, un asentamiento de los indios Wayúu en La Guajira, al norte de Colombia, las familias mantienen vivo un rito ancestral. Cavan un hueco cerca de su Pichi (refugio, casa para el occidental) y entierran allí el ombligo de los recién nacidos. Marcan el lugar, para no olvidar de dónde son. Se conectan con el territorio. Ya enterraron más de 150 ombligos. El último, el de Geovanni Camilo Fuentes, un bebé de dos meses, hijo de Sandra Paola Bravo Epieyuu. Nunca los desentierran. Se van sumando cada vez que viene un nuevo miembro de la familia. Sin embargo, aunque hay dos mujeres embarazadas en el asentamiento, no saben dónde enterrarán sus ombligos. Tamaquito II será reubicado. En 1965, cuando don José Alfonso Epieyuu llegó a Tamaquito jamás imaginó que el lugar y los ritos de su gente estarían en peligro. Venía de la Alta Guajira, por Lagunita, pasó luego al Descanso, y deambuló por la Serranía de Perijá. Nunca cercó, nunca tuvo en cuenta los límites. Para él, para su pueblo, la tierra es de quien la trabaja. El territorio pertenecía a todos los Wayúu, el mayor pueblo indígena de Colombia, con cerca de 400 mil personas que viven casi todas en La Guajira. Viven sin divisiones, ni mallas, con la libertad de andar y trabajar donde quieren. Don Alfonso llegó allí caminando, siguiendo la tradición nómada de los Wayúu. Era su territorio, pero no sabe si lo seguirá siendo. La principal amenaza son las varias multinacionales que se apoderaron de miles de hectáreas para extraer minerales. Una de ellas, El Cerrejón, una firma que explota el carbón, en su proyecto de expansión pretende quedarse con más terrenos todavía. Avanza como la locomotora minera, a todo vapor. En 2011, vendió 32,3 millones de toneladas, pero quiere llegar, pronto, a exportar 500 millones de toneladas. Don José Alfonso y su comunidad no duermen tranquilos. Tamaquito II, un territorio poblado por 32 familias, 195, personas, está a una hora en mula de Venezuela. El camino ya desdibujado, expropiado por la multinacional, los ha cercado. Por ahí ya no pueden transitar. Pero a uno y otro lado de esa frontera que para ellos no existe viven cientos de hermanos de la familia Wayúu. Los de Tamaquito tendrán que irse, exiliados de su lugar ancestral, el mismo en el que entierran su ombligo, guardan sus recuerdos, dialogan con sus espíritus, practican sus rituales de pueblo originario. “Estamos dispuestos a usar nuestras flechas para defender lo que nos pertenece”, avisa Jairo Fuentes, un joven líder que en 2005 fue electo gobernador y que pertenece al clan de los Pushaina. Fuentes lidera la lucha de Wayúu en Tamaquito, que se organiza a través de los clanes, grupos de familias con la autoridad y el poder para ejercer autoridad dentro de su estructura. Y dará pelea. En estos últimos años, el ejército acampó varias veces cerca del asentamiento. Ellos los dejaban, pese a que escuchaban sus reuniones y asambleas. Más tarde decidieron denunciarlos, cuando el ministro de defensa era el actual presidente, Juan Manuel Santos. Les preocupaba convertirse en falsos positivos (el ejército colombiano tiene varias denuncias por matar a civiles y luego hacerlos pasar como guerrilleros). Y dejaron una advertencia, a modo de defensa. Si volvían a espiarlos estarían dispuestos a enfrentarlos: volverían a usar las flechas. “Sabemos que el batallón Gustavo Matamoro cuida el territorio, pero protegen los intereses de la empresa”, reclama Fuentes. Este año volvieron a denunciarlos por invasión de su territorio. Lograron un acuerdo: la fuerza pública debe estar a más de 2 kilómetros de distancia de su predio. Ya no confían. Armaron una guardia indígena. Los mayores usan el bastón como sinónimo de respeto, y los jóvenes llevan el arco y las flechas; se ubican entre los árboles, mimetizados, manteniendo el orden, cuidando sus plantas ancestrales y sus animales, diezmados por los intrusos que talan sus bosques y pescan con explosivos. Sus vertientes, arroyos, fuente de la espiritualidad, fueron contaminadas por la mina, por el polvillo que llega con los vientos. Las explosiones ahuyentan a los monos aulladores, tampoco ha vuelto el tigre ni el león, quedan iguanas y conejos, más unos ñeques y zainos. Su enemigo, así lo llaman, es El Cerrejón. En el asentamiento, de apenas 10 hectáreas, se ven unos pocos chivos, cerdos y gallinas. Allí cultivan la yuca, el maíz, el frijol guajiro, el filo, la malanga, el ñame. El arco y la flecha, que los ancestros usaban para cazar, para alimentarse, había pasado a ser un juego tradicional para los actuales Wayúu. En Tamaquito II vive el campeón departamental. Pero ahora los jóvenes empuñan sus arcos y flechas desafiantes. Les pregunto para qué lo usan. “Para jugar”, responden. Eso esperan. Pero al mediodía una explosión los perturba. No se han acostumbrado, cada vez que suena se estremecen, se asustan y el cielo se cubre de gris. La contaminación le daña la piel, les hace doler la cabeza. Sufren infecciones respiratorias y digestivas. Si hasta los chivos han mermado el parir. Tras el impacto salen a recorrer el territorio. Yurani Mileni Fuentes, una artesana de la comunidad que teje unas manillas, se queda. Entra a su casa, su territorio simbólico, afuera yace enterrado el ombligo de su hijo Adrián, no quiere desenterrarlo. Pero muchos se resignan. No queda más que la reubicación. El Cerrejón ideó el proyecto, un lugar al que no quisieran trasladarse, porque los sitios ancestrales no se mudan así como así. Los de El Cerrejón dicen en los documentos de reubicación que “las comunidades Wayuu no tienen tradición territorial y mucho menos referentes simbólicos, míticos y culturales que los aten a esta tierra”. Así justifican el traslado. Cuatro comunidades más, Roche, Patilla, Las Casitas y Chancleta, también serán trasladadas. “Por qué, si aquí vivimos bien y alegres” dice Dayana Solano de 15 años, quien va todos los días a estudiar a Barranca. En Tamaquito II no se quieren trasladar. Pero si finalmente los doblegan, exigirán que esas 10 hectáreas se conserven como un sitio sagrado. “Pedimos que no lo toquen, que respeten las tradiciones”, dice Jairo. Les ofrecieron tierras en otro lado, y casas nuevas de unos 3 metros cuadrados, como las que hicieron a los reubicados de Patilla –otro lugar comprado por la multinacional. No les alcanza ni para colgar su chinchorro el espacio. Por ahora, está el acuerdo de las tierras y de las nuevas viviendas. Lo más fuerte de la negociación es el valor cultural, natural y simbólico. No es negociable, exigen que quede como está. “En el otro lugar los espíritus no nos conocen y los de acá no se pueden llevar”, dicen. Tampoco los 150 ombligos que están enterrados.

marcha en curico SABADO 13 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HORAS

EL CENTRO DE ESTUDIOS MAPUCHE (CEM) WELIWEN KIMUN DE CURICO Y EL PROGRAMA RADIAL MAPUCHE WEFTÜN PVLLÜ MAPUCHE DE SAN FERNANDO, CONVOCAN A TODOS LOS LAMNGEN, PEÑI, SIMPATIZANTES Y ADHERENTES DE LA CAUSA MAPUCHE A UNA MARCHA A REALIZARSE EL DÍA SABADO 13 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HORAS, PARTIENDO DESDE LA PLAZA DE ARMAS DE CURICO. ESTA MARCHA SE CONVOCA DEBIDO A QUE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DE LA COMUNIDAD WENTE WINKUL MAPU EN LAS CARCELES DE ANGOL Y OTROS EN TEMUCO SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE SIN RESPUESTAS DEL GOBIERNO NI DEL ESTADO CHILENO, CONVOCAMOS A TODOS LOS QUE NOS QUIERAN ACOMPAÑAR A LEVANTAR LA VOZ POR NUESTRA NACIÓN MAPUCHE, LOS ESPERAMOS!... DIFUNDIR Y ASISTIR. WEWAIÑ KOMPUCHE, MARRICHIWEU.

>>> ¡APARICIÓN CON VIDA DE ALFONSO SEVERO YA! >>>

Alfonso Severo, TESTIGO CLAVE en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, está DESAPARECIDO desde anoche, 3 de octubre. Severo vestía un pantalón de jean, camisa y zapatos, no tiene problemas de salud, según lo que declaró su familia. Salió de su casa anoche a las 22.30 a bordo de un auto Renault Clío negro, chapa HGA-137 que fue encontrado a 7 cuadras de su casa, sin signos de violencia. Alfonso Severo se dirigía a la casa de su hijo pero nunca llegó a destino. Hoy al mediodía debía declarar en Comodoro Py en el marco del juicio oral contra las patotas de la Unión Ferroviaria (UF) y su titular José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Alfonso Severo trabajaba en Ferrobaires, en la sede de Constitución, y ya había recibido ataques por parte de "barrabravas" de la UF, según señaló su hijo, Gastón.