DESALOJOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Acceso a la justicia, desalojos y protesta social Varias comunidades han intentado acceder al sistema de justicia para obtener protección o reconocimiento legal de sus tierras, obteniendo resultados diferentes. En general, los pueblos indígenas enfrentan varias barreras para acceder a la justicia, incluyendo ba rreras lingüísticas, culturales, económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y los recursos naturales. . A lo largo del país, los tribunales han tendido a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena. Todavía existen pocos fallos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Una sentencia positiva se dio en el caso de la comunidad Wenctru Trawel Leufú, provincia de Neuquén, dictada en febrero de 2011. En ella se reconoció la obligación de la empresa Piedra del Águila de consultar con la comunidad afectadaantes de proceder con sus actividades extractivas. Sin embargo, esta sentencia ha sido apelada por la empresa y por la Fiscalía del Estado de la provincia. La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación de terrenos privados. En algunos casos, no hubo previo aviso a las comunidades afectadas, y los desalojos fueron dictaminados en procedimientos en que las comunidades no tuvieron la oportunidad de defensa. Existen casos en que los operativos de desalojo ocasionaron la destrucción de viviendas y propiedad, incluyendo animales de cría y cultivos, de miembros de pueblos indígenas.Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006. Se ha alegado que los tribunales no dan una adecuada consideración e incluso desconocen por completo los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación vigente. Además, los tribunales de las diferentes provincias no aplican criterios comunes para la autorización de desalojos. Por ejemplo, a veces no reconocen a las comunidades indígenas inscritas por el INAI en su registro nacional, ni toman en cuenta los resultados de relevamientos territoriales realizados.Aunque el Relator Especial no puede evaluar los hechos específicos de cada uno de os casos de Ldesalojo que fueron llevados a su atención, observa que el objeto y espíritu de la Ley 26160 requiere evitar potenciales violaciones a los derechos humanos de los pueblos ndígenas hasta que haya una determinación de sus derechos territoriales.Representantes indígenas expresaron reiteradamente al Relator Especial su sentimiento de vulnerabilidad frente los desalojos o los proyectos que les afectan. En muchos casos, los pueblos indígenas han resistido a los desalojos, o han recurrido a la protesta pacífica social para llamar la atención sobre sus situaciones, a través de, por ejemplo, la toma de carreteras públicas o las instalaciones de las empresas de extracción. . Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas. Se ha alegado que en A/HRC/21/47/Add.varios casos ha habido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido Imputados por sus actos de protesta. De: Cecilia Jufre