Organizaciones abordan a organismos internacionales para denunciar violaciones de derechos y crisis humanitaria

19.10.12 - América Latina Natasha Pitts Periodista de Adital Adital Organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de comunicación, investigadores, artistas y personalidades de varias partes de América Latina manifestaron recientemente su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia y en otros países del Continente. Munidos de un documento e informes, hicieron denuncias y reivindicaciones a organismos internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana a los fines de arrojar luz sobre situaciones como los asesinatos en Perú de personas contrarias a los proyectos mineros y la represión en Chile contra los pueblos indígenas Mapuche. La intención del acto fue presionar a los diversos organismos internacionales de Derechos Humanos para que atiendan la grave situación humanitaria que está siendo encubierta por la cobertura mediática masiva de los diálogos de paz, así como mostrar la falta de libertad de expresión, la situación de las comunidades indígenas y el modo en que niños y mujeres son afectados por el conflicto y la violencia estructural instalada. "Las masacres que se vienen cometiendo en el marco de una cultura de violencia incluyen una larga lista de muertos a causa del conflicto armado entre el estado colombiano y su ejército, paramilitares y la guerrilla sindicada como las Farc y el ELN”, acusan. Las organizaciones recuerdan que el conflicto bélico ya causó la destrucción de cientos de viviendas, desplazamientos forzados y asesinatos sistemáticos. Por otro lado, aseguran que la población de ese país continúa sufriendo la imposición de megaproyectos de industrias extractivas y de intereses transnacionales, como empresas mineras y petroleras. Dentro de este contexto, una situación vista con mucha preocupación es la pasividad y la complicidad de organismos internacionales de Derechos Humanos, ya que muchas de sus reacciones han sido posteriores e inadecuadas en cuanto a la ocurrencia de delitos y abusos contra los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida. "Por ello, y señalado muy respetuosamente, solicitamos un rol más activo ante esta realidad y conminamos a una mayor observancia e involucramiento y coordinación con otras instancias para la protección efectiva de los Derechos Humanos en Colombia, así como en otros países donde se continúan atropellando derechos". En relación con Colombia, destacan que la cobertura mediática masiva del diálogo de paz encubre la realidad de violencia y la presencia de actores armados en tierras indígenas, afrodescendientes y campesinos; no deja ver que reservas indígenas siguen militarizadas y que continúan los enfrentamientos entre militares y la guerrilla. Además de los de Colombia, las organizaciones también presentaron casos ocurridos en Guatemala, Honduras, Perú, Argentina y Chile. Sobre Guatemala, denunciaron la política de militarización, represión y criminalización ordenada por el gobierno de Otto Pérez Molina contra las demandas sociales de la población. En especial, destacan la masacre ejecutada por el ejército y la policía el último día 4, cuando ocho indígenas Mayas K’iche’ fueron muertos y cuarenta heridos. En Chile, denuncian la política de represión y violencia contra los Mapuche, que luchan por la reparación de sus tierras ancestrales y la defensa de sus tierras ante proyectos de explotación. En ese país también denuncian la impunidad de agentes policiales que asesinaron a un joven mapuche desarmado. En Argentina, el caso es semejante: denuncian el asesinato del décimo líder indígena en los últimos años en el marco de reclamos por la posesión de tierra y contra los monocultivos. En Perú, activistas indígenas y campesinos también fueron asesinados en el marco de luchas contra la actividad minera. En Honduras, el reclamo es la continuidad del golpe de Estado perpetrado en 2009, situación que reprime la libertad de prensa y deja continuar la violencia estatal contra la población campesina.