martes, 2 de noviembre de 2010

artículo sobre raúl castro antipán lunes, 1 de noviembre de 2010, 22:31

posteado por: Cony Stipicic

Auto de lujo y resguardo policial tenía Raúl cuando llegó al tribunal de garantía. Su condición de testigo protegido disgusta, especialmente a quienes lo acusan de haber metido presos a 20 de sus familiares.

Castro Antipán se sentó frente a la jueza y escuchó lo que esperaba luego de acogerse al juicio abreviado y a la figura legal de la “delación compensada”: se evitó una sentencia de 30 años de cárcel por ataques incendiarios y armados contra vehículos particulares, un camión y la plaza de peaje de Quepe, hechos tipificados como conductas terroristas por la fiscalía.

El caso tiene importancia doble: es la primera condena por ley antiterrorista después de la huelga de hambre de 34 mapuches y es interpretada como estratégica para seguir inculpando comuneros. Los acusados por Castro deberán enfrentar un juicio oral por los mismos delitos.

Para lograr el fin de la huelga de hambre, el gobierno se comprometió a dos cosas: modificar la Ley Antiterrorista -se eliminó la presunción y su aplicación para menores de 18 años- y el retiro de las querellas presentadas por la autoridad invocando esa normativa. Ambas cosas ocurrieron.

Pero en medio de las negociaciones, un grupo de comuneros exigió que el gobierno obligara al Ministerio Público a desistirse también de la invocación de la polémica ley. Se dijo que era imposible que el Ejecutivo actuara pasando a llevar la autonomía de los fiscales, pero más tarde el propio Sabas Chagúan dejó la puerta abierta a que ello ocurriera, una vez que la modificación de la ley fuera justamente eso, ley.

La condena a Castro Antipán va en la dirección contraria, vuelve atrás con el tema. De hecho, los comuneros están reclamando que no ganaron con la huelga de hambre de 82 días porque el Ministerio Público sigue acusando con esa ley.

Pero hay una complicación adicional y que transforma este caso en único: la defensa de los implicados está pidiendo que se inhabilite la jueza de garantía de Victoria, Viviana García, porque ya sentenció a los imputados. En un hecho inédito, incluyó en el considerando noveno de la sentencia contra Castro la responsabilidad por los mismos delitos terroristas de ocho comuneros cuyo caso debe ser visto por su tribunal (otros 12 están radicados en Temuco). Es decir, los juzgó sin someterlos a juicio.

Todos, ingredientes de un caldo que nunca ha dejado de hervir y que da cuenta de que la desconfianza sigue instalada en el mismo lugar.

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