Un enérgico respaldo a la comunidad qom

Un enérgico respaldo a la comunidad qom
Por Página 12

DIRIGENTES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS SE SOLIDARIZARON CON LOS ABORIGENES DE FORMOSA

El líder de la comunidad, Félix Díaz, viajó desde Formosa para hacer visible el drama de sus hermanos, reprimidos hace diez días por el gobierno de Formosa. Solicitará una audiencia con la Presidenta.

Un enérgico respaldo...
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Por Soledad Vallejos

“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.

“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.

Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.

En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.

“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.

Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.

Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.

Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”


SOCIEDAD › LOS ABORIGENES VICTIMAS DE LA REPRESION EN FORMOSA SE SIENTEN AMENAZADOS POR LA POLICIA
“No atacamos a nadie, ellos nos atacaron”

“El gobierno provincial tendría que venir a hablar con nosotros en vez de mandarnos a la policía”, dice uno de los referentes de La Primavera. Diecisiete viviendas quemadas son testigos mudos de la violencia que desató la policía.

Por Carlos Rodríguez

Desde Comunidad La Primavera

“El gobierno se tapa el oído, goza, se ríe, come y duerme bien, mientras nosotros estamos de duelo y luchando para que no nos saquen nuestras tierras. Ya llevamos 516 años siendo avasallados en nuestros derechos.” Pablo Asijak dialoga con Página/12 cerca del cementerio de la comunidad toba-qom de La Primavera, a unos 50 kilómetros de la ciudad formoseña de Clorinda. “Nosotros no atacamos a nadie, ellos nos atacaron a nosotros”, sostiene el dirigente, en referencia a los sucesos del martes 23, cuando en medio de una violenta represión policial murieron un miembro de la comunidad y un uniformado. “Además de nuestro muerto, tenemos dos heridos, Sixto Gómez, a quien recién ahora le dieron el alta, y Samuel Garcete, de 63 años, que sigue internado muy grave porque le pegaron tres balazos, uno en la cabeza.” También hay cerca de 40 personas golpeadas, la mayoría de ellas mujeres y ancianos, mientras que un total de 17 casas fueron incendiadas “por los mismos policías que nos atacaron”.

Es desolador el panorama a la vera de la ruta 86, en el kilómetro 1341, donde los pobladores de La Primavera realizaron un corte de cuatro meses para reclamar por la ocupación ilegal, por parte de una familia de criollos –con el aval del gobernador Gildo Insfrán– de cinco mil hectáreas que les pertenecen desde tiempo inmemorial. Las 17 viviendas quemadas sólo mantienen en pie sus pilotes y travesaños de madera. El resto fue destruido por el fuego. Sobre el terreno ahora vacío quedaron un pantalón amarillo y otras ropas de bebés, juguetes, ollas, baldes, camisetas de clubes de fútbol, y un montón de bicicletas con las cubiertas consumidas por las llamas. Esos son los únicos vehículos con los que cuentan para recorrer las decenas de kilómetros que los separan de las ciudades más cercanas.

Rodolfo presenció cómo se quemaba su casa, delante de sus ojos. “Cuando empezaron a arder, todavía mi familia estaba adentro. Mis hijos y mi mujer se refugiaron allí cuando empezó la represión, porque uno siempre piensa que la casa de uno es el lugar más seguro.” Rodolfo dice que todo comenzó a las 11 del martes, cuando llegaron al lugar Cecilio, Pedro y Ariel Celía, los criollos a los que se les reclama la restitución de las tierras, acompañados por el comisario de Laguna Blanca. “Uno de los Celía fue el primero que disparó contra Félix Díaz (el líder de la comunidad), quien se salvó de milagro.”

Rodolfo asegura que le reprochó al comisario presente porque no intervino frente a esa agresión. “Me contestó que nosotros nos lo habíamos buscado porque estábamos ocupando tierras que eran propiedad privada de los Celía.” El joven también refuta la denuncia que hizo la policía Olga Delgadillo, quien asegura que fue “golpeada, manoseada y amenazada de muerte” por los pobladores que cortaban la ruta. Según Rodolfo, la mujer “sólo estuvo allí por la mañana y se mantuvo a unos cinco metros de donde se produjeron los primeros incidentes. Por la tarde, ninguno de nosotros la vio. No sabemos en qué momento le pasó lo que dice que le pasó”.

La represión comenzó por la tarde, cerca de las 18, cuando llegaron al lugar del corte “más de cien policías, algunos de la caballería, y otros de otras reparticiones policiales. Otra vez estaba el comisario de Laguna Blanca, quien justificó el operativo diciendo que venían a ‘secuestrar’ unas armas que nosotros teníamos. Esas armas las habían dejado ellos, tiradas en el pasto, durante los incidentes de la mañana”. Rodolfo afirma que “la represión duró 20 o 30 minutos en los cuales hubo muchos disparos policiales”. Según su relato, “ellos usaron armas reglamentarias y algunos se ponían rodilla en tierra para disparar mejor”. Varios de los testigos de la comunidad dicen que después de lo ocurrido “los policías se quedaron hasta la madrugada recogiendo cosas, sobre todo las vainas de las balas, que habían quedado tiradas por todos lados”. Desconocen cómo murió el policía fallecido por una herida de bala.

“Lo que ocurrió no se puede manipular ni ocultar”, sostiene Pablo Asijak, vocero de la comunidad en ausencia de su líder. “El gobierno de Formosa tiene que darle libertad al pueblo, no digo originario, mala palabra es originario, es sobrenombre, yo digo pueblo indígena, porque está mejor dicho. Llevamos 516 años siendo avasallados. Este gobierno quiere ser protagonista de este maltrato. Si se es honesto, esto es muy fácil de resolver, porque las tierras son nuestras.” Asijak admite que la situación de su pueblo “es muy preocupante porque acá no tenemos atención médica y tenemos muchos heridos que no quieren ir al hospital porque los discriminan”.

Dice que sólo recibieron ayuda “de Médicos del Mundo y de algunos hermanos chaqueños que se acercaron”. Durante la represión muchos de los ancianos “se desmayaron por el maltrato que recibieron”. Pablo Asijak denunció que “hoy, todavía, a una semana de lo que ocurrió, la policía sigue siendo protagonista y anda observando todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Hoy (por ayer), anduvo pasando un auto Duna blanco, sin patente. Esos son hombres puestos por el gobierno provincial, son los brazos del gobierno para seguir tratándonos mal”.

“El gobernador quiere tapar lo que realmente sucedió, pero esto ya no se puede tapar. Nosotros estamos en situación de abandono, no tenemos a quién recurrir por ayuda. Hasta la prensa está diciendo cosas que nunca sucedieron. Nos ponen a nosotros como culpables, cuando somos las víctimas.” Pablo Asijak, cuñado de Félix Díaz, fue el primero en ser detenido, el martes pasado, cuando comenzó la represión.

“Hoy parece ser que la violencia es lo más fácil para el gobierno. Nosotros estamos de duelo y nadie se nos acerca. El ministro (de Gobierno Jorge Abel) González tendría que venir a dialogar con nosotros, en vez de mandarnos a la policía y a los jueces. González e Insfrán tienen la obligación de resolver este problema. En lugar de darnos una respuesta, se convierten en los asesinos de nuestro pueblo. ¿Cómo se puede entender? Hoy yo tengo que pensar que el Estado es mi enemigo y que este gobierno no es mi gobierno.”


SOLO INVESTIGAN A LOS POBLADORES
Discriminación judicial

Por Carlos Rodríguez

“Es insólito lo que dijo públicamente la fiscal (Gloria Rejala) para justificar que no les hizo la prueba de parafina a los policías, porque ellos siempre están armados y esa prueba no sirve, para ellos, a la hora de determinar si dispararon o no durante la represión de la semana pasada.” El abogado Eduardo Davis, que representa a los 35 imputados por los sucesos del martes 23, se mostró entre indignado e irónico a la hora de evaluar las pruebas que podrían ser válidas para establecer responsabilidades. “Si querían resguardar los derechos de todos se tendrían que haber hecho todas las pruebas, porque no es lo mismo tener la pistola en la cartuchera, que tomarla y empezar a disparar.”

Davis dijo que “lo más insólito es que ni siquiera se le hizo la prueba de parafina a uno de los miembros de la familia Celía, cuando uno de sus integrantes, en forma pública, admitió que hizo disparos, aunque aseguró que los hizo ‘al aire’, sólo para amedrentar, cuando hay testigos que aseguran que tiró a pegar”. Davis se presentó ayer como representante legal de los pobladores que aparecen como “sospechosos” en una causa por un delito tan grave como “doble homicidio”.

“Es increíble cómo se está trabajando en la causa, porque hasta el momento los únicos ‘sospechosos’ son los 35 pobladores que estaban cortando la ruta y que fueron detenidos en su momento.

Desde el gobierno provincial se hace la misma discriminación a la hora de evaluar lo ocurrido. La Secretaría de la Mujer de Formosa denunció ante el Consejo Nacional de la Mujer las supuestas agresiones sufridas por la oficial de policía Laura Delgadillo. Lo extraño es que nada dijeron acerca de los golpes sufridos por varias mujeres de la comunidad aborigen. Alicia, habitante de La Primavera, le mostró a la fotógrafa de este diario los moretones que lleva en su cuerpo por los golpes de la policía. “Será que no nos consideran mujeres”, se quejó Alicia.

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